En estos días la Gerencia de Urbanismo de
Sanlúcar está procediendo a notificar a los propietarios
de las fincas, situadas entre Casa Arizón y la Avenida
del V Centenario, la expropiación forzosa y el desahucio
inminente, para proceder al derribo de todas estas
edificaciones, al objeto de convertir el solar
resultante en aparcamiento y plaza pública.
La conversión de esta céntrica zona
urbana en espacio público se debe a una exigencia de la
empresa Casa Grande Arizón desde que adquirió el
Monumento. En base a ello, el Ayuntamiento recalificó
este terreno en zona pública quedando plasmado en el
PGOU de 1997. Así, en el Consejo de Gerencia de
Urbanismo de 12 de noviembre de 1999 se trató el asunto
del convenio existente entre el Ayuntamiento y la
empresa Casa Grande Arizón, comunicándose que el
“compromiso municipal” contraído para “calificar como
espacio libre la delantera del Palacio con el objeto de
mejorar la visualización del mismo y construir un
aparcamiento” ya estaba “cumplimentado”. Si bien,
aquel convenio debió quedar sin efecto, puesto que no se
cumplieron los compromisos de ninguna de las partes, ya
que la prometida “rehabilitación” de Casa Arizón ni el
“Balneario de las Piletas” tampoco se efectuaron en los
plazos determinados. Estos datos pueden consultarse en
las Webs de Aula Gerión y la Gerencia de Urbanismo:
http://www.gerionsanlucar.com/Casa_Arizon/CasaArizon.htm
Ahora, cuando se está finalizando el
hotel de Casa Arizón, además de la promoción
inmobiliaria de 52 pisos y locales comerciales, con el
beneplácito y la aprobación de la Alcaldesa, Irene
García Macías, y de la Junta de Andalucía, las prisas de
última hora han llevado a la Gerencia a ejecutar aquel
“viejo compromiso”, por el que el Ayuntamiento lleva a
cabo la expropiación forzosa de todas estas fincas para
convertirlo en “aparcamiento del hotel”, que ahora, once
años después, llaman “plaza pública”.
Aula Gerión considera inadmisible y
vergonzosa estas acciones de expropiación y desahucio,
que atienden exclusivamente al interés particular de los
propietarios de Casa Arizón, entre los que se encuentra
Ramón Tamames y Javier Olaciregui, entre otros, de los
cuales incluso se rumorea que han llegado a hacer
apuestas sobre el asunto. Mientras que a los
propietarios de los locales comerciales, viviendas y
garajes situados en esta “pastilla urbana”, como gusta
llamar a esta zona al Sr. Olaciregui, se ven abocados a
abandonar sus casas y negocios, a cambio de una
cantidades irrisorias, como importes de las
expropiaciones, que se sitúan tres veces por debajo del
valor real de las fincas.
La situación resulta dramática. Personas
mayores que deben abandonar su casa y no saben a dónde
ir con lo que les ofrecen, pues no les llega para
comprar ni un piso decente; empresarios que no tendrán
suficientes recursos con estas miserables cuantías para
reinstalar sus negocios, consolidados durante décadas,
en otros lugares de Sanlúcar; trabajadores afectados que
pasarán directamente al paro; otra bonita bodega de
Sanlúcar que va a ser demolida. Éstas son las
consecuencias sociales de la política socialista que se
está practicando en Sanlúcar.
Aula Gerión se pregunta de dónde va sacar
el Ayuntamiento, en situación tan precaria como dicen,
para pagar las indemnizaciones de estas expropiaciones;
y de dónde van a sacar el dinero para construir el
aparcamiento prometido. ¿Para esto sí tiene recursos el
Consistorio?
Legalmente, las expropiaciones forzosas
sólo están justificadas por utilidad pública o interés
social del municipio. Según Aula Gerión, parece que en
este caso se está faltando a este principio legal y
democrático. La Alcaldesa de Sanlúcar no sólo se ha
replegado a las exigencias y caprichos de la empresa
Casa Grande Arizón con la firma de un convenio, que no
sólo está destruyendo completamente uno de los Bienes de
Interés Cultural más importantes de Sanlúcar, sino que
afecta a varias familias y empresarios sanluqueños,
poniéndolos en una situación límite. ¿Ésta son las
políticas sociales del PSOE en Sanlúcar? Más bien estas
actitudes conectan con el más rancio caciquismo
decimonónico, donde los Alcaldes intervenían a placer en
las ciudades, cayese quien cayese. También recuerda los
tiempos medievales del vasallaje, donde en este caso, la
Alcaldesa está actuando como una humilde vasalla del
poder económico que representan los empresarios de Casa
Arizón, doblegándose a todas sus exigencias.
Aunque el caso está en manos de varios abogados, que
representan a los afectados de estas expropiaciones, es
posible que el aparcamiento “privado” se ejecute, pero
la Alcaldesa debe saber que serán muchos los ciudadanos
los que estaremos pendientes de que aquí lo que se haga
sea una plaza pública para disfrute de toda la
ciudadanía y no un aparcamiento privado para el hotel y
viviendas de Casa Arizón. Esta vigilancia se puede
convertir en denuncia judicial si no se cumplen los
requisitos básicos del interés general y del derecho
civil que debe amparar a la población de Sanlúcar.
